Uso de subcontratación siempre y cuando cumpla con los tres requisitos
de la Ley Federal del Trabajo

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A partir de las inspecciones que realiza el Gobierno Federal para detectar la subcontratación ilegal, quedó de manifiesto que es posible utilizar esta figura para contratación de personal, siempre y cuando se cumplan cabalmente los tres requisitos que incluye la Ley Federal del Trabajo: a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo. b) Deberá justificarse por su carácter especializado. c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De acuerdo con la autoridad laboral, dijo Germán de la Garza de Vecchi, socio de la firma Mowat, “la subcontratación ilegal es aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social”.

De la Garza de Vecchi comentó que por el momento “no sería necesaria ninguna nueva ley o reforma para que la práctica de subcontratación ilegal sea castigada, ya que desde las reformas de 2012 y consecuentes se ha ido facultando a las instituciones competentes para resolver los casos que involucren el mal uso de la subcontratación”.

Asimismo, dijo que “llevar la subcontratación ilegal al tema de delincuencia organizada me parece algo excesivo, sobre todo porque el uso de estos esquemas no siempre tiene el objetivo de engañar al fisco, sino que llegan a implementarse como una razón de subsistencia en un contexto económico adverso de parte de las empresas, o inclusive como un tema interpretativo de la ley, sin ánimos de delinquir”.

Para el especialista laboral, hasta el momento no hay nada explícito que indique que el uso de un esquema de subcontratación ilegal sea considerado delincuencia organizada y frente a este contexto, concluyó que las declaraciones oficiales pueden tratarse de un plan de acción que incluya una serie de reformas en materia laboral, fiscal y penal que tipifiquen algunos delitos por las prácticas que realizan las empresas para eludir pago de impuestos.

En ese sentido, dijo que las empresas que utilizan este servicio deben realizar un diagnóstico para detectar cualquier tipo de irregularidad, “y en caso de encontrar inconsistencias la autoridad permite corregir”.