Lleva AFL-CIO batalla de reforma laboral de México a EU

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La American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) ventiló en Estados Unidos las “las violaciones” en materia laboral que se pretenden aplicar con la iniciativa de reforma a la justicia laboral que presentaron en el Senado mexicano dos legisladores del PRI, por lo que de la mano con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), envió una carta a Mattew Levin, secretario del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, a quien expresó preocupación no sólo la proliferación de los contratos laborales de protección; sino de los efectos negativos que trae la propuesta.

 

A la par, la UNT se apoyó de organizaciones como la Confederación Sindical Internacional (CSI) que encabeza Sara Burrow, para enviar la iniciativa a la Organización Internacional del Trabajo, denunciando las posibles violaciones a la transparencia sindical, a la contratación colectiva (persisten los contratos de protección) y sobre el nuevo Instituto que no es autónomo como lo establece la reforma Constitucional de febrero de 2017.

 

En el documento enviado al gobierno estadounidense por Cathy Feingold, director Internacional de la AFL-CIO, expuso que la legislación mexicana ha impedido por mucho tiempo a los trabajadores ejercer plenamente su derecho a la libertad de asociación y a negociar colectivamente sus derechos, el corazón del problema, indica, son los “contratos de protección”.

 

Feingold detalla sus principales preocupaciones sobre las leyes secundarias que propusieron en el Senado, pues afectan directamente la reforma Constitucional que preveía avances en varios temas como lo es la desaparición tripartita con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para dar paso a un organismo independiente autónomo.

 

Sobre ese particular refiere que el carácter autónomo del nuevo Instituto Federal de Conciliación se pone en riesgo cuando quiere imponer a 12 miembros en una figura nueva denominada Consejo Técnico, en donde habría 4 representantes de los empleadores, 4 de gobierno y 4 más de las organizaciones sindicales con mayor presentación; dando de nueva cuenta espacio a la CTM y CROC, mismas organizaciones sindicales que se han “perpetuado” en este tipo de figura y que menoscaba el potencial de la reforma constitucional.

 

Asimismo, indica que las medidas constitucionales para promover la contratación colectiva se ven afectadas, pues no hay ningún inspector que verifique que los trabajadores hayan aprobado el convenio colectivo mediante la votación secreta; en cambio contiene un vago requisito, en donde indica que los líderes puede solo llevar una prueba de que son los representantes; pero “lo mas preocupante” es que se incluye el Artículo 400 en el que se establece que los contratos se renuevan de manera automática si ninguna de las partes busca modificaciones, “lo cual puede aplicarse a los contratos de protección”.

 

Situación preocupante si se considera que los “contratos de protección” que se ejercen en México se firman incluso antes de que la empresa contrate a su primer trabajador, pues el propósito del contrato de protección, indica Feingold, es asegurar los bajos salarios y garantizar la firma con un sindicato que da discreción al empleador para negociar mejoras salariales.

 

El documento entregado por la central sindical de Estados Unidos que representa a 12.5 millones de trabajadores, refirió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se adelantó al sin número de señalamientos que se hicieron a México por la existencia de los contratos de protección y se aprobó en febrero de 2017 una reforma que atendía los tres aspectos fundamentales: Desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear Tribuales Laborales; crear una nueva entidad autónoma descentralizada; y finalmente elección transparente de líderes sindicales, a través del voto secreto, y cuyos lideres deben acreditar que son conocidos por los trabajadores.

 

Sin embargo, afirma, la legislación secundaria, presentada en el Senado el pasado mes de diciembre de 2017, socava el espíritu de las reformas constitucionales, dejando de lado los avances que se pretendían aplicar a la justicia laboral; lo que traerá, apunta, graves efectos negativos a los derechos de los trabajadores